La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada in extremis en el Congreso con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones de Podemos, ha generado intensas controversias por su enfoque en la descarbonizaci贸n y la equidad social. Tras 20 meses de tramitaci贸n y m谩s de 750 enmiendas, desbloquea 10.000 millones de euros de fondos europeos, pero cr铆ticos como el PP la tildan de "puramente ideol贸gica". Una de las medidas m谩s controvertidas es la restricci贸n de vuelos cortos en rutas con alternativas ferroviarias de menos de 2,5 horas, como Madrid-Barcelona. Ecologistas la aplauden por reducir emisiones (el transporte a茅reo emite el 3% del CO2 global), pero la industria tur铆stica y aerol铆neas la ven como un ataque a la conectividad y empleos, similar a la moratoria francesa de 2023.
El impulso a zonas de bajas emisiones (ZBE) y peajes urbanos para veh铆culos contaminantes ha avivado debates territoriales: en la Espa帽a vac铆a, donde el coche es esencial, se percibe como discriminatorio contra zonas rurales. La ley crea un fondo estatal para transporte p煤blico, pero Coalici贸n Canaria exigi贸 exenciones para archipi茅lagos.
Las etiquetas ambientales de coches: controversias y cambio sEl sistema de etiquetas de la DGT, vigente desde 2016, clasifica veh铆culos en CERO (el茅ctricos y PHEV ¡40 km autonom铆a), ECO (h铆bridos, gas), C (gasolina post-2006, di茅sel post-2014), B (anteriores) y sin etiqueta (m谩s contaminantes). Su pol茅mica radica en incoherencias: grandes SUV h铆bridos enchufables (PHEV) emiten m谩s CO2 que un coche peque帽o de gasolina, pero acceden a ZBE con etiqueta CERO, benefici谩ndose de exenciones fiscales y aparcamiento gratuito.
Ecologistas como Greenpeace critican que no considera emisiones reales de CO2 ni condiciones de uso (muchos PHEV no se enchufan), favoreciendo a fabricantes de lujo. En 2020, una reforma fue descartada por rechazo industrial; ahora, la ley obliga a un estudio interministerial en 12 meses para incluir CO2 y actualizar por avances tecnol贸gicos (Euro 6d-ISC).