La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada in extremis en el Congreso con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones de Podemos, ha generado intensas controversias por su enfoque en la descarbonización y la equidad social. Tras 20 meses de tramitación y más de 750 enmiendas, desbloquea 10.000 millones de euros de fondos europeos, pero críticos como el PP la tildan de "puramente ideológica". Una de las medidas más controvertidas es la restricción de vuelos cortos en rutas con alternativas ferroviarias de menos de 2,5 horas, como Madrid-Barcelona. Ecologistas la aplauden por reducir emisiones (el transporte aéreo emite el 3% del CO2 global), pero la industria turística y aerolíneas la ven como un ataque a la conectividad y empleos, similar a la moratoria francesa de 2023.
El impulso a zonas de bajas emisiones (ZBE) y peajes urbanos para vehículos contaminantes ha avivado debates territoriales: en la España vacía, donde el coche es esencial, se percibe como discriminatorio contra zonas rurales. La ley crea un fondo estatal para transporte público, pero Coalición Canaria exigió exenciones para archipiélagos.
Las etiquetas ambientales de coches: controversias y cambio sEl sistema de etiquetas de la DGT, vigente desde 2016, clasifica vehículos en CERO (eléctricos y PHEV ¡40 km autonomía), ECO (híbridos, gas), C (gasolina post-2006, diésel post-2014), B (anteriores) y sin etiqueta (más contaminantes). Su polémica radica en incoherencias: grandes SUV híbridos enchufables (PHEV) emiten más CO2 que un coche pequeño de gasolina, pero acceden a ZBE con etiqueta CERO, beneficiándose de exenciones fiscales y aparcamiento gratuito.
Ecologistas como Greenpeace critican que no considera emisiones reales de CO2 ni condiciones de uso (muchos PHEV no se enchufan), favoreciendo a fabricantes de lujo. En 2020, una reforma fue descartada por rechazo industrial; ahora, la ley obliga a un estudio interministerial en 12 meses para incluir CO2 y actualizar por avances tecnológicos (Euro 6d-ISC).