Francia y España han remitido una declaración conjunta al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea para reafirmar su apoyo al objetivo de cero emisiones en 2035, pero advirtiendo de la necesidad de adaptar la normativa a la realidad industrial europea. Ambos países recuerdan que el reglamento vigente, que fija el fin de la venta de coches y furgonetas de combustión en esa fecha, ha sido la base de decenas de miles de millones de euros de inversión desde 2023 y constituye una decisión estratégica que no debe ponerse en duda. La transición eléctrica, subrayan, es indispensable para alcanzar la neutralidad climática en 2050, dado que los vehículos ligeros representan en torno al 15% de las emisiones de CO₂ en Europa.
Sin embargo, el texto alerta de que el crecimiento de las ventas de eléctricos está siendo más lento de lo esperado y que la competencia de terceros países, especialmente China, presiona a la industria europea. Por ello, Francia y España proponen mantener intacto el objetivo climático, pero introducir flexibilidades regulatorias que incentiven la producción dentro del continente. Estas medidas, conocidas como “supercréditos”, recompensarían a los fabricantes que produzcan vehículos eléctricos con un alto grado de contenido europeo, de modo que la transición energética refuerce también la soberanía industrial.
El documento insiste en que el objetivo de “cero emisiones” en 2035 no debe modificarse y que los híbridos enchufables no deben beneficiarse de trato preferente, ya que sus emisiones reales son hasta 3,5 veces superiores a las homologadas. A la vez, propone ampliar a cinco años el periodo de suavizado de emisiones para las furgonetas ligeras y permitir que los fabricantes incluyan en sus objetivos los vehículos eléctricos de categorías superiores, con el fin de no penalizar la falta de demanda.
En conjunto, la carta plantea un equilibrio: mantener la ambición climática europea, pero garantizar que el esfuerzo industrial y los empleos asociados a la electrificación se mantengan en Europa. Francia y España defienden así un enfoque de transición eléctrica controlada, competitiva y estratégicamente europea, en el que el 2035 sigue siendo el horizonte, pero con mecanismos que aseguren que la industria continental no quede a merced de potencias externas.